Se trata de una pieza, aún secreta, del Caso Imelsa. En ella se investigan las prácticas supuestamente corruptas de varios cargos del PP e instituciones y entidades bajo su control. Según el Tribunal Superior de Justicia valenciano, la investigación se centra en Imelsa (empresa de la Diputación de Valencia), la concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Valencia, Ciegsa (empresa de la Generalitat encargada de construir colegios públicos bajo sospecha por sobrecostes millonarios) y la Fundación Jaume II El Just, por realizar adjudicaciones fraudulentas a cambio de comisiones ilegales. Se investigan contratos desde el año 2003. En el transcurso de las pesquisas, se han detectado indicios de blanqueo de capitales y financiación ilegal en el PP de Valencia ciudad. El grueso de las pesquisas parte de la premisa de que se habrían podido cometer varios delitos contra la administración: prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho, fraude y falsedad.
El magistrado decidió en julio de 2016 separar el caso en tres piezas: la principal; la que investiga los hechos relacionados con el servicio de atención multicanal a los contribuyentes, el call center, que la empresa pública Imelsa, dependiente de la Diputación, adjudicó a Servimun por un importe de casi 843.000 euros para los años 2013, 2014 y 2015 y una tercera que investiga las supuestas irregularidades en los contratos de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Valencia para la restauración del patrimonio histórico monumental y las adjudicaciones para la celebración de la XVII Mostra de Valencia en 2006.
El agujero que se estima es de 1.300.000.000 de euros y solo en una de sus piezas.
- Partido/Org: PP
- Lugar: Comunidad Valenciana
- Coste aprox.: 1300000000 €
- Total implicados: 50
- Año de los hechos: 2003
- Estado judicial: Abierto
