CASOSAISLADOS

El Auditorio de Puerto Lumbreras no es el único que se quedó a medio construir en la Región, ni es el único que puede acabar causando un grave quebradero de cabeza a un alto cargo público. Por el momento, el titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Caravaca de la Cruz, Fernando Campoamor Nuero, acaba de centrar su atención en el exalcalde ceheginero y actual diputado regional por el PP, José Soria García, hasta el extremo de que ha solicitado a la Asamblea Regional que le confirme si mantiene su condición de parlamentario. Con ello pone de manifiesto que existen indicios suficientes como para investigarle formalmente -el equivalente a la imputación- dentro de unas diligencias que acaba de abrir por presuntos delitos de prevaricación continuada, malversación de caudales públicos y contra la Hacienda Pública.

Sin embargo, si como es de suponer el Parlamento regional certifica la condición de diputado de José Soria, el magistrado deberá renunciar a su aparente voluntad de perseguirlo judicialmente y tendrá que optar por una de estas dos vías: remitir el asunto a la Sala de lo Civil y de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), que sería la competente para encausar a un aforado, o instruir las diligencias sin fijarse en el político del PP, hasta que la investigación esté finalizada y tenga que plantearse nuevamente si las envía o no al TSJ.

La apertura de estas diligencias judiciales es consecuencia de la denuncia presentada antes de verano por la Fiscalía Superior de la Región, que apreció indicios de los supuestos delitos mencionados en el proceso de tramitación y construcción del Teatro Polivalente de Cehegín. Según el relato de hechos efectuado por el Ministerio Público, José Soria ejercía como alcalde del municipio cuando la Consejería de Cultura otorgó una subvención de nueve millones de euros para levantar esa infraestructura cultural. Ello dio origen, supuestamente, a la tramitación de un expediente en el que presuntamente se cometieron múltiples irregularidades, algunas de ellas prácticamente idénticas a las que se produjeron con el Teatro Auditorio de Puerto Lumbreras, por el que está procesado el expresidente de la Comunidad, Pedro Antonio Sánchez.

Para empezar, según señaló la Fiscalía en su denuncia, «no consta que el Ayuntamiento de Cehegín haya seguido expediente de contratación o de adjudicación negociada de contrato o procedimiento de licitación abierto o restringido, o acuerdo de la Junta de Gobierno, Pleno o resolución de Alcaldía para la contratación del arquitecto», que se sospecha que fue designado a dedo. Una circunstancia que supondría ya, de por sí, «un incumplimiento de las normas esenciales reguladas en la Ley de Contratos». Pero es que, además, existen graves sospechas sobre la forma en que el autor del proyecto habría percibido sus honorarios, siempre según el fiscal.

Las gestiones realizadas por la propia Fiscalía Superior, con el apoyo del Grupo de Delitos Económicos y Blanqueo de Capitales de la Policía Nacional, permitieron establecer que solo se habría desarrollado parte de una de las dos fases de construcción previstas. En concreto, que solo se habrían invertido unos cuatro millones de euros, por lo que solo existe poco más que la estructura.

La decisión del juez de abrir diligencias y el hecho de haber puesto en su mira al diputado Soria indican que el asunto va a dar mucho de qué hablar en los próximos meses.

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