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Sobre el Caso Turismo Joven

Los 12 acusados en el juicio por el caso Turisme Jove han llegado a un pacto de conformidad con la Fiscalía Anticorrupción. Juan Francisco Gálvez, director general del consorcio, y Damián Amengual, gerente de la institución, han sido condenado a 3 años de cárcel y Juan Francisco Gosálbez a otros tres años y siete meses. Todos se han declarado culpables de los delitos de malversación, fraude a la Administración y prevaricación. En el caso de Amengual y Gosálbez se les suma el de cohecho.

El resto de los acusados han obtenido penas más leves que no les obligan a ingresar en prisión. De esta forma, Gálvez, Damián y Gosálbez serán los únicos que deberán cumplir pena de cárcel.

El caso investiga un desvío de más de un millón de euros a través de este consorcio público durante la última legislatura de Jaume Matas (2003-2007), llegando a provocar la quiebra técnica de la empresa.

Cabe recordar que las peticiones iniciales por parte de la Fiscalía eran considerablemente más altas: para Juan Francisco Gálvez se había solicitado la pena más elevada: 12 años de cárcel; para el exgerente de Turisme Jove Damià Amengual, 10 años y medio; para el ex jefe de Servicios de la empresa Juan Francisco Gosálbez, cuatro y medio. Se les acusa de haber planificado y desarrollado entre 2003 y 2007 una trama dirigida a saquear las arcas de la entidad en su propio beneficio.

Sin embargo, los acusados han visto reducidas sus penas tras fructificar las negociaciones mantenidas con la acusación pública de cara a alcanzar el mencionado acuerdo de conformidad.

Los fiscales Anticorrupción Pedro Horrach y Juan Carrau detallaron en su escrito de calificación provisional cómo los principales acusados -Gálvez, Amengual y Gosálbez- utilizaron «distintas operativas» para obtener «un enriquecimiento a costa de los fondos y cargos públicos, aprovechándose de la «falta total y absoluta» de controles administrativos sobre su gestión.

Para ello, contaron con la intervención de los otros encausados -particulares con quienes se relacionaban o contrataron al margen de los procedimientos de contratación pública- con quienes se concertaron a fin de admitirles facturas que no se correspondían con servicios prestados.

La acusación pública sostiene que los responsables del consorcio cobraron comisiones por la adjudicación de los contratos e interpusieron sociedades expresamente constituidas para defraudar a la administración, obteniendo del erario público el reintegro de gastos personales y ocasionando de este modo a Turisme Jove un perjuicio que superaría el millón de euros, según las investigaciones practicadas dentro de este caso.

El caso estalló en agosto de 2008, después de que la Conselleria de Juventud y Deportes, que en la segunda legislatura de Matas estaba dirigida por la consellera Rosa Puig, detectase irregularidades en la gestión del Consorcio y pidiese a los Servicios Jurídicos del Govern que investigaran estas anomalías. Tras confirmarlas, el Ejecutivo puso estos hechos en conocimiento de la Fiscalía.

Fuente

Resumen
  • Partido/Org: PP
  • Lugar: Baleares
  • Coste aprox.: 3000000
  • Total implicados: 0
  • Año de los hechos: 2003
  • Estado judicial: Cerrado con condenas
PP
Actualizado el: 23 de Diciembre del 2018
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