Umbra significa ‘sombra’ en italiano, nombre al que responde la operación por el caso de presunta corrupción urbanística más importante del municipio de Murcia y en el que están imputadas una treintena de personas. Entre ellas, el alcalde de la capital, Miguel Ángel Cámara, el exconcejal de urbanismo Fernando Berberena, el exjefe de Planeamiento Joaquín Peñalver, la práctica totalidad de los técnicos responsables de la Gerencia de Urbanismo, empresarios como Jesús Samper –presidente del Real Murcia-, figuras de reconocido prestigio social como el exconsejero de Cultura del Gobierno regional y ahora presidente del Real Casino de Murcia, Juan Antonio Megías, abogados urbanistas y un ingeniero italiano, Renato de Nocce, presente en muchas de las operaciones realizadas en la última década en materia urbanística en el término municipal de Murcia, y cuyo país de origen inspiraría el nombre que se dio a esta causa judicial.
El 5 de octubre de 2010 dio comienzo la Operación Umbra con los registros efectuados por la UCO de la Guardia Civil en las dependencias municipales de la Gerencia de Urbanismo de la capital regional, y en diversos despachos profesionales y viviendas de Murcia y Madrid. Dirigida por el juez David Castillejos, magistrado instructor del juzgado nº 8 de Murcia, a instancias de la Fiscalía del TSJ, el caso Umbra investiga seis convenios urbanísticos suscritos sobre 9.959.946 metros cuadrados para la construcción de 120.000 viviendas en la zona norte de la ciudad, por los que las arcas municipales podrían haber dejado de ingresar unos 500 millones de euros, con la consiguiente y presunta malversación de caudales públicos. La clave sería la valoración a la baja de los terrenos por parte de la Concejalía de Urbanismo, que situó el precio en 120 euros por metro cuadrado, lo que quedaba muy por debajo los 600 euros por metro cuadrado que fijaba el mercado. De ese modo, el 10% del aprovechamiento urbanístico pagado por los promotores de los convenios habría sido muy inferior a lo que correspondería.
El primer convenio, conocido como Nueva Condomina (17-7-2001) fue promovido por Sport Management and Project y el Real Murcia SAD. Lo firmó Jesús Samper, dueño del Real Murcia desde 1999, para construir 4.000 viviendas y un centro comercial a cambio de levantar un nuevo estadio de futbol para la ciudad. La presunta malversación se estima entre 106,5 y 92,7 millones de euros.
El segundo convenio (7-10-2005) fue impulsado por empresarios locales propietarios de suelo –AgrumExport, Ageco, Euroland e Inveralrahu- en una zona aledaña a Nueva Condomina, y acordó la rehabilitación del Real Casino de Murcia –monumento declarado BIC, situado en el centro de la capital y objeto de miles de visitas turísticas- además de la construcción de 18 polideportivos, a cambio de la posibilidad de construir 2.000 viviendas. Las obras del Casino se valoraron en 10 millones de euros, mientras que con los 6 millones que se recibieran en metálico se construirían las instalaciones deportivas. En este caso se pudo producir una malversación de unos 282,7 millones de euros.
El tercero de los convenios (3-7-2006) acordó la rehabilitación del Teatro Circo de Murcia, segundo teatro de la ciudad, que estaba en estado prácticamente de ruina. Fue promovido por Urbamur 2003 SL, Visionaria SL y Obralia del Sureste SL. La presunta malversación se estima en 49,5 millones de euros.
A estos tres hay que añadir tres convenios más: uno firmado con el empresario Manuel Nicolás García (27-6-2006), promovido por Nicolás y Bienert SL y con una malversación estimada en 35,5 millones de euros; otro con varias empresas (7-7-2006) promovido por Lo Navarro de Murcia SA, Profusa, Mirallevant SL y Actividades e Inversiones Futuras 3000, con una presunta malversación que se estima en 61,7 millones de euros; y el último (10-7-2006) acordado con las empresas Urbamur, Castillo de Larache SL, Fadesa Inmobiliaria SL, Desarrollos Urbanos SL, Mediterráneo Hispagroup SA, Tricinter Albamur SL y Andrés Muñoz Cánovas, que pudo dar lugar a una malversación estimada en 138,2 millones de euros.
- Partido/Org: PP
- Lugar: Región de Murcia
- Coste aprox.: 311000000 €
- Total implicados: 18
- Año de los hechos: 2001
- Estado judicial: Abierto
