La Audiencia Provincial de Cádiz ha condenado a un año y medio de prisión y trece de inhabilitación a Lorenzo Sánchez, alcalde de Rota por Roteños Unidos (RRUU) de 2003 a 2010, por aprovechar su cargo público para adjudicar contratos a favor de un entramado empresarial que él mismo creó con objeto de obtener beneficios económicos ilícitos con cargo a las arcas municipales. La sentencia de la Sección Cuarta cuantifica en más de 800.000 euros el dinero desviado desde el Ayuntamiento a las sociedades en las que Sánchez, su esposa, varios compañeros de partido y un supuesto testaferro acaparaban una importante participación de su accionariado y gestión.
El conocido como 'caso Uniformes' se ha resuelto de momento -la sentencia no es firme- con siete condenados más. Además del líder de RRUU (actualmente concejal de la corporación municipal de Rota), están dos miembros del partido independiente, los ex ediles Montemayor Laynez y Jesús María Corrales. La primera ha sido condenada a trece años de inhabilitación y a año y medio de prisión por los delitos continuados de prevaricación y negociaciones prohibidas; y el segundo, a ocho años y seis meses de inhabilitación por prevaricación continuada.
Este procedimiento judicial ha terminado implicando también a la ex alcaldesa popular de Rota Eva Corrales que, si bien ha sido igualmente condenada a siete años de inhabilitación como autora penalmente responsable de un delito de prevariación, ha sido absuelta del delito de negociaciones prohibidas por el que venía siendo acusada.
Completan la lista de condenados la esposa de Lorenzo Sánchez, Rosario Pacheco, y el supuesto testaferro, Isidro Martín Bejarano. Según la resolución judicial, ambos son cooperadores necesarios de los delitos ya mencionados (prevaricación y negociaciones prohibidas), por los que el tribunal les ha impuesto las penas de nueve años de inhabilitación y un año de cárcel, respectivamente.
Por último, Ismael Puyana, el que fuera delegado de Fiestas por el PP en Rota durante un sólo año -y al que el Supremo le ha confirmado la pena de cuatro años y medio de prisión por el 'caso Horas Extras'-, junto a su esposa, Sonia Rodríguez, han sido condenados a seis años de inhabilitación como cooperadores necesarios de un delito continuado de prevaricación.
Los demás procesados por el 'caso Uniformes' han sido absueltos y son Juan Antonio Liaño, Antonio Peña y Auxiliadora Delgado, ex concejales del Partido Popular a la fecha de los hechos; Antonio Alcedo y María del Carmen Laynez, ex ediles por Roteños Unidos; el secretario general del Ayuntamiento, Juan Carlos Utrera; y otros funcionarios y técnicos tales como Luis Barrera, Manuel González Martín-Bejarano, Teresa Villanueva, Pedro Bejarano, Cristina Bernal y José Gómez.
Por último, en el fallo se declara prescrito el delito de falsedad imputado a Lorenzo Sánchez, Rosario Pacheco, Ismael Puyana e Isidoro Martín Bejarano.
La sentencia, de la que ha sido ponente la magistrada Inmaculada Montesinos, recoge como hechos probados que el 28 de junio de 1984 Lorenzo Sánchez constituye junto con otros siete socios una empresa denominada Coanda Sociedad Cooperativa Andaluza (CSCA). Entre los socios fundadores se encuentran, además de Sánchez, su esposa Rosario Pacheco, Montemayor Laynez, Antonio Alcedo e Isidro Martín Bejarano. El objeto social de la citada cooperativa pasa por la fabricación y comercialización de prendas de trabajo así como por la distribución de equipos de protección individual.
Con fecha 15 de enero de 1998 el líder de Roteños Unidos crea una nueva mercantil junto con su mujer, Rosario Pacheco, bajo el nombre de Epis Rotasur, S.L., cuyo objeto social "es completamente coincidente" con el de Coanda Cooperativa.
La resolución judicial apunta que "aunque aparentemente son dos sociedades distintas, entre ambas realmente forman una única unidad empresarial". Señala también que a partir de la constitución de Epis Rotasur, "Coanda Costuras es la que se dedica a fabricar los uniformes y Epis se encarga de comercializarlos", siendo administradores Lorenzo, su esposa y Montemayor Laynez.
El 31 de mayo de 2006 se funda la empresa Pachecho Puyana, figurando como socias originarias al 50% Sonia Rodríguez, la mujer del funcionario Ismael Puyana, y Rosario Pacheco, la también mujer de Sánchez; ello con objeto de evitar que apareciesen a la luz pública los nombres de sus respectivos maridos.
Así, para poder suscribir contratos entre la empresas municipales y esta sociedad, Sánchez y Puyana transfieren "de manera ficticia" el 50% de las acciones a "una persona de confianza, un hombre de paja" con el que Lorenzo mantenía "estrechos lazos personales", Pedro Martín Bejarano, un supuesto testaferro, en teoría, sin vínculos con la corporación local. De esta forma, los verdaderos gestores, Sánchez y Puyana, confieren "una apariencia legal" a la entidad Pacheco Puyana de cara las sociedades públicas con las que formalizan contratos por valor de 68.154, 68 euros.
Según la sentencia, Lorenzo Sánchez, Rosario Pachecho y Montemayor Laynez, ante la advertencia del secretario del Ayuntamiento de Rota del cambio de legislación en virtud del cual a partir del 30 de abril de 2008 no podían contratar con el Ayuntamiento ni con sus fundaciones y sociedades municipales al tener más del 10% del capital de las empresas antes mencionadas, decidieron crear el 26 de mayo de 2008 la entidad Coanda Costuras, S.L., que sustituiría a Epis Rotasur y a Coanda Cooperativa. En esta nueva mercantil vuelve a figurar Isidro Martín Bejarano, el hombre de paja "colocado" por los gerentes reales en la sombra -Sánchez, su esposa y Laynez- para, una vez más,intentar aparentar que ya no tenían vinculación con esa empresa "con la única finalidad de seguir contratando con la corporación local y continuar beneficiándose de las arcas municipales".
Durante el periodo de tiempo comprendido entre el año 2003 y hasta 2012, a pesar de poseer intereses privados en Coanda Cooperativa, Epis Rotasur, Conda Costuras y Pacheco Puyana, Lorenzo Sánchez y Montemayor Laynez, cargos electos del Ayuntamiento de Rota, celebraron contratos de suministro de vestuario laboral con el Consistorio y otras empresas públicas llegando a facturar un total de 816.267, 94 euros en 958 contratos menores.
- Partido/Org: PP
- Lugar: Andalucía
- Coste aprox.: 816267 €
- Total implicados: 0
- Año de los hechos: 1998
- Estado judicial: Cerrado con condenas
