CASOSAISLADOS

Gabriel Urralburu, ex presidente socialista del Gobierno de Navarra, ha sido condenado a once años de prisión por un delito continuado de cohecho con ocho constructoras y dos delitos contra la Hacienda Foral, según la sentencia sobre la trama navarra del caso Roldán que se hizo pública ayer en la Audiencia Provincial de Pamplona. Antonio Aragón, su consejero de Obras Públicas, ha sido declarado culpable de un delito fiscal y de otro de cohecho, por los que deberá cumplir siete años. Sus respectivas esposas, Olivia Balda y Ana Isabel Romeo, fueron condenadas a tres años. La pena para Luis Roldán, ex director de la Guardia Civil, y su testaferro, Jorge Esparza, son de tres y cuatro años respectivamente.

Cinco horas necesitó el magistrado Rafael Ruiz de la Cuesta, ponente de la sentencia, para dar lectura a los 143 folios en los que se condena a los seis procesados en un juicio cuya vista duró cuatro meses y por el que desfilaron más de 80 testigos.Además de las penas de prisión, el tribunal impone a Gabriel Urralburu la inhabilitación especial durante nueve años para empleo o cargo público y una multa de 780 millones; a Antonio Aragón, la misma inhabilitación y 650 millones de multa, y a Jorge Esparza y Luis Roldán -ya condenados anteriormente a penas de 28 y nueve años, respectivamete- otra sanción de 500 millones a cada uno, con responsabilidad personal subsidiaria de un año de privación de libertad.

El tribunal ha desestimado el eximente de anomalía psíquica planteada por la defensa de Aragón y su supuesto arrepentimiento al reconocer durante la vista que recibió 70 millones de pesetas de diversos constructores en concepto de "regalos". En este sentido, los tres magistrados señalan que no intentó reparar los daños durante la instrucción de la causa, que su confesión ha sido "parcial" y que ha sido irrelevante la puesta a disposición de la sala de sus cuentas suizas, ya que están vacías. Destacan también su dependencia y protección hacia Urralburu, al que defendió en su declaración.

La sentencia señala como hechos probados que Urralburu y Aragón, presidente y consejero, respectivamente, del Gobierno navarro desde 1984 hasta 1991, trabaron "gran amistad" con Roldán cuando era delegado del Gobierno en Navarra, y con Esparza, director comercial de Huarte.En el marco de esa relación, Esparza les informó de que podían cobrar cantidades por adjudicaciones irregulares de obras públicas y se puso a su disposición "para tratar de recibir y gestionar el dinero obtenido a través de una trama". Ésta consistía en adquirir inmuebles y activos financieros, así como en crear sociedades mercantiles instrumentales para ocultar los beneficios.

El matrimonio Urralburu constituyó la sociedad Residencia Menorquina y Aragón creó Copcan. A nombre de ambas sociedades compraron varios pisos, fincas y chalés en diversas partes de España. Todas ellos, con talones pagados por constructoras.Los cuatro procesados llegaron a un acuerdo para repartirse el dinero que consiguieran de las constructoras que concursaban en Navarra, "encargándose Esparza de la contabilidad de los ingresos obtenidos y del cobro y distribución entre ellos, para lo que realizó unas fichas, parte de las cuales fueron guardadas en una caja de seguridad de una entidad bancaria de Ginebra. Entre ellas existe una referencia al pago a la empresa de sondeos CIES por un estudio electoral encargado por Urralburu. Ese estudio se abonó con dinero procedente de la constructora Inversiones Vela. El resto de las dádivas fueron para sus inversiones inmobiliarias personales.

Según la sentencia, la primera decisión de Urralburu y Aragón fue la de cambiar el sistema de subasta por el de concurso, lo que otorgaba mayor discreccionalidad en las adjudicaciones. Éstas se revestían de las formalidades legales requeridas. Posteriormente, hacían saber a las constructoras que debían pagar por conseguir la obra. El precio estipulado era el 5% de la adjudicación, aunque en ocasiones se modificaba a la baja o al alza,"como posible maniobra de distracción por si hubiera una investigación". El tribunal asegura que ocho constructoras pagaron comisiones millonarias a los condenados. Se trata de Huarte y su filial Hasa, bajo la presidencia de Mario Caprile, a la que se le levantó el veto que tenía durante la anterior legislatura por su difícíl situación económica y que empleó facturas para maquillar su contabilidad; Agromán, "que utilizó la personalidad falsa de Julio Agrassot Colomer para librar cheques bancarios y pagar a los acusados"; Obrascón, "que manejó facturas inexistentes"; Laín, Aldesa, FOCSA y Cubiertas y MZOV. Todas ellas pagaron al menos 770 de millones de pesetas en comisiones ilegales a los procesados.

Sobre la autovía de Leizarán, una de las principales obras otorgadas por el Gobierno de Urralburu, el fallo señala que a causa de las amenazas de ETA el ex presidente y el ex consejero de Obras Públicas dieron un trato de favor a los adjudicatarios Laín y Obrascón concediéndoles un aumento en el 20% de la obra, "incremento que no trascendió a los subcontratistas y auxiliares, que eran los que sufrían las amenazas y los sabotajes". Asimismo, destaca que las empresas beneficiadas conocieron la adjudicación mucho tiempo antes de la concesión y asegura que la versión de los pagos por contravigilancia facilitada por estas constuctoras es falsa porque nunca existió.La sentencia asegura que Urralburu y Aragón defraudaron a la Hacienda de Navarra 68 y 26 millones, respectivamente, en sus declaraciones del impuesto de la renta de los años 1990 y 1991. El tribunal destaca la agravante de que ambos utilizaron a personas interpuestas para ocultarse a sí mismos como deudores tributarios. Los dos deberán indemnizar al fisco con la misma cantidad.

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