Un delito de falsedad en documento mercantil, dos delitos de falsificación de documentos públicos, otro de negociaciones prohibidas a funcionarios, dos delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos y blanqueo de capitales. Este listado de presuntos ilícitos penales, tan extenso como grave, es el que el fiscal de delitos urbanísticos y contra el medio ambiente, Miguel de Mata, atribuye a quien durante largos años fue alcalde del PP en Villanueva del Segura y expresidente de la Mancomunidad del Valle de Ricote, José Luis López Ayala, considerado el principal encausado en el 'caso Valley' de presunta corrupción en las instituciones públicas. En concreto, el Ministerio Público atribuye a López Ayala haber creado un entramado criminal dedicado a la comisión de muchas y muy diferentes actividades delictivas, que habrían ido desde la emisión y venta de facturas falsas a la creación de sociedades instrumentales para contratar con instituciones públicas y para ocultar los fondos obtenidos de forma supuestamente irregular, pasando por la presunta adopción de decisiones injustas como primer edil de Villanueva del Segura.
Las consideraciones de la Fiscalía están recogidas en un escrito, que está en poder de 'La Verdad', en el que pone de manifiesto que la investigación del denominado 'caso Valley' está concluida, después de casi seis años de tramitación en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Cieza. Con los hechos presuntamente delictivos que narra en su informe, el fiscal De Mata viene a instar a la juez Carmen de las Nieves Martín a dictar auto de transformación en procedimiento abreviado, que es el penúltimo paso antes de la apertura de juicio oral. Estas imputaciones del Ministerio Público, que se resumen a continuación, se dividen en cinco apartados diferentes:
'Fabricando' facturas
Cobraban un 25% del total
Desde la asesoría Grupo Gescom y, más concretamente, desde la firma Gesaldi Gestiones Contables, que lideraba López Ayala junto al entonces edil de Archena Brígido Palazón, se habría creado en 2008 «un entramado de sociedades ficticias para la emisión de facturas falsas, destinadas a los clientes reales de esa asesoría, que las incorporaban a sus declaraciones tributarias» para desgravar impuestos irregularmente.
Para desarrollar este cometido, López Ayala y Palazón se habrían hecho con los servicios de José Andrés D. M., quien constituyó un buen número de «sociedades ficticias», como Ingermedia SL, Urbagestión 2007 SL, Desagest 2007 SL, Praetermedia SL, Gestionet SL, Obras y Canales de Murcia SL, Estudios Financieros y Obras SL... Estas mercantiles emitieron facturas entre 2008 y 2012 por un importe de más de 5,5 millones de euros, «pese a no contar con trabajadores dados de alta, tener domicilios sociales ficticios, no tener compras declaradas a terceros y carecer de patrimonio».
Las empresas que adquirían estas facturas supuestamente falsas para desgravar se comprometían a abonar a la red el 25% del IVA de cada factura, lo que habría permitido a esa trama de firmas fantasma ingresar más de 221.000 euros.
El fiscal considera que los hechos constituyen una falsedad continuada en documento mercantil, de los que serían responsables López Ayala, Palazón, José Andrés D. M. y la empleada Ana Belén L.M.
Sorteando incompatibilidades/Contrato con su propio municipio
López Ayala y Palazón, ambos representantes públicos y sujetos, por tanto, a un régimen de incompatibilidades que les impedía contratar servicios con sus propias empresas, habrían creado en 2005 la sociedad Grupo Asesor Valle de Ricote SL, con el presunto fin de «ocultar la verdadera titularidad de la empresa y poder ejecutar sus decisiones».
Al frente de la misma habrían colocado sucesivamente hasta a cuatro testaferros, casi todos ellos empleados de sus empresas, y gracias a ello habrían contratado servicios de asesoramiento para los ayuntamientos de Villanueva del Segura y Archena -de los que uno y otro eran representantes públicos-, «ocultando de ese modo que podían incurrir en causa de prohibición de contratar». Por estos trabajos la sociedad ingresó unos 420.000 euros entre 2005 y 2013.
El fiscal les atribuye delitos de negociaciones prohibidas a funcionarios y, en el caso de López Ayala, también de prevaricación.
Adjudicación directa/Un concurso manipulado
El Ministerio Público atribuye al exalcalde de Villanueva del Segura un delito de prevaricación y otro de falsedad en documento oficial por haber adjudicado de forma directa, presuntamente, un contrato de mejora de la instalación eléctrica del centro de mayores a la firma Ingeniería Interior Valle SL, propiedad de Elías B.S.. En apariencia, se incumplió lo dispuesto en la Ley de Subvenciones y, cuando llegó el momento de dar cuentas al Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) del destino de los fondos que había aportado, «se crearon ficticiamente tres presupuestos para la realización de la obra (...), un extremo totalmente falso». En esa supuesta falsificación habrían sido tan chapuceros que no solo «se fecharon, seguramente por error, dos meses después de la adjudicación de las obras», sino que incluso se habría manipulado una memoria técnica de los trabajos en la que se pegó la firma del arquitecto técnico municipal, «que fue escaneada y colocada en el documento sin su consentimiento».
Simulación de trabajos/Tres cargos a las arcas públicas
«José Luis López Ayala, desde su puesto de alcalde de Villanueva del Río Segura, habría desviado dinero público a favor de su amigo Elías B. S., administrador de la mercantil Ingeniería Interior Valle SL, dedicada a la actividades de instalaciones eléctricas, abonándole facturas por servicios no prestados realmente». Concretamente, desde el entramado Gescom, el grupo de empresas de López Ayala, se creó la firma Servicios Industriales Genéricos SL, a cuyo frente se puso a un empleado de Elías B.S. Esta empresa era, en palabras del fiscal, «un mero artificio», que permitió cobrar tres facturas al Ayuntamiento de Villanueva por servicios que no se habrían prestado.
Los cargos que el fiscal De Mata atribuye al antiguo primer edil popular y a su amigo Elías B. S. son los de malversación de caudales públicos y falsedad en documento mercantil, según se recoge en el escrito presentado ahora en el juzgado.
Lavado de dinero negro/Ocultación de bienes inmuebles
Las presuntas actividades delictivas desarrolladas durante años por López Ayala y Palazón les habrían reportado importantes ingresos, lo que les obligó a diseñar supuestamente un método para «ocultar la ilícita procedencia de esos beneficios». Por un lado, ambos se habrían puesto de acuerdo con otras personas para ir ocultando su patrimonio, simplemente colocándolo a nombre de testaferros, y en otros casos suscribiendo préstamos por elevadas cantidades de dinero que más tarde se amortizaban mediante aportaciones de dinero en metálico. De esta forma, la investigación judicial ha permitido comprobar que el exalcalde popular y su esposa contrataron entre 2006 y 2013 varios préstamos por importe de casi un millón de euros, que fueron pagando con ingresos en metálico que sumaron más de 122.000 euros.
De igual modo, López Ayala y José Andrés D. M. habrían adquirido un solar en Ricote, que pusieron a nombre de una tercera persona. Y el político también habría ocultado que tenía el 12,5% de los terrenos de la mercantil Promoges La Paira SL, como asimismo se habría hecho con un apartamento en Villanueva. Algo que le ha valido ser acusado por el fiscal de blanqueo de capitales junto a su socio José Andrés D. M.
- Partido/Org: PP
- Lugar: Región de Murcia
- Coste aprox.: 0 €
- Total implicados: 0
- Año de los hechos: 2005
- Estado judicial: Abierto
