Eduardo Contreras, exalcalde del PP en Molina de Segura, acabará sentado en el banquillo para responder de un supuesto delito de prevaricación por el denominado 'caso Vertedero'. La titular del Juzgado de Primera Instancia e instrucción número 3 de ese municipio, Marta Florenciano Lajusticia, acaba de dictar auto de procedimiento abreviado -el equivalente al de procesamiento- contra el antiguo primer edil, así como contra un promotor local, Juan Manuel Alcañiz, y un técnico municipal, Antonio Cánovas, por su relación con una permuta de terrenos presuntamente ilegal que le dejó al empresario unas impresionantes plusvalías.
La investigación judicial que ahora concluye con esa resolución se inició en 2011, a raíz de una denuncia presentada por la Asociación en Defensa de los Intereses de los Miembros del Heredamiento de Regantes. Ahora, básicamente, la juez considera que se han encontrado indicios suficientes para considerar que el promotor Juan Manuel Alcañiz y el entonces alcalde Eduardo Contreras actuaron «en connivencia», contando con el apoyo técnico de un funcionario, para acordar una permuta de solares que habría perjudicado gravemente los intereses municipales.
Marzo 2004
Juan Manuel Alcañiz ofrece al Ayuntamiento de Molina de Segura un terreno como escombrera, al haber tenido noticia de esa necesidad.
Abril de 2004
Un técnico de Urbanismo, Antonio Cánovas, declara la idoneidad del solar.
Mayo de 2004
Reunión de Alcañiz y el alcalde, Eduardo Contreras, en la que se fija un arrendamiento por 60.000 euros al año.
Noviembre de 2005
Alcañiz presenta escrito para recordar que no se le está pagando el arrendamiento y propone estudiar una permuta con un solar municipal.
Diciembre de 2005
El técnico de Urbanismo informa a favor de una permuta y valora los terrenos privado y público en 755.775 euros.
Febrero de 2006
La Dirección General de Administración Local advierte de graves defectos, como que el suelo estaba destinado a zona verde y que no se ha justificado la necesidad de la permuta.
Marzo de 2006
Se otorga escritura de permuta.
Abril de 2006
Alcañiz enajena el solar municipal a la firma Fadesa por casi nueve millones.
Así, la instructora relata que en marzo de 2004 fue el empresario Alcañiz quien ofreció un terreno de su propiedad al Consistorio, «al haber tenido noticias de la necesidad de abrir una nueva escombrera», pese a que tal anuncio no se había hecho público. Solo 23 días después, el técnico municipal informó escuetamente a favor de la idoneidad de esa parcela para tal fin.
La Comunidad alertó de defectos, como no haber acreditado la necesidad de enajenar un bien público
Pese a que no se había dicho que hacía falta una escombrera, el empresario ofreció una de sus parcelas
En mayo de 2004 se cerró el acuerdo entre Alcañiz y Contreras, concretándose un pago de 60.000 euros al año por el arrendamiento del solar privado y solo dos días más tarde se redactó el 'Proyecto Escombrera Panderón de los Giles'. Sin embargo, en noviembre de 2005, el promotor recordó al Ayuntamiento que no estaba cobrando las cantidades acordadas, por lo que propuso como alternativa que se le permutara el terreno por otro de titularidad municipal.
En diciembre de ese año, el técnico declaró conveniente esa permuta, en la que entraría un solar municipal situado en el paraje Las señoritas de la pedanía de Ribera de Molina, calificado como de uso residencial. Esos terrenos, sin embargo, habían sido cedidos al Consistorio para crear las zonas verdes del plan parcial del que formaban parte.
En febrero de 2006, la Dirección General de Administración Local de la Comunidad Autónoma advirtió de defectos en la operación, como los referidos a que estaban destinados a zona verde y que no se había acreditado la necesidad de utilizar un medio tan excepcional como la permuta de bienes municipales, renunciando a la subasta.
El Consistorio habría hecho caso omiso de las advertencias, pues la permuta se llevó a efecto el 26 de abril de 2007 y ese mismo día, en la misma notaría, el promotor Alcañiz firmó una escritura con el grupo inmobiliario Fadesa y cedió el terreno por un precio de casi nueve millones de euros, que recibió en forma de 1,8 millones en efectivo y el resto en parcelas edificables.
Teniendo en cuenta que el técnico había valorado tanto la finca municipal como la privada en 755.775 euros, el empresario habría logrado cerrar un pelotazo de más de ocho millones de euros.
La juez considera ahora que esa operación supuso un perjuicio para el erario público y procesa, por un presunto delito de prevaricación, a los tres presuntos intervinientes en el acuerdo.
- Partido/Org: PP
- Lugar: Región de Murcia
- Coste aprox.: 8000000 €
- Total implicados: 3
- Año de los hechos: 2004
- Estado judicial: Abierto
