El magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón dejó este viernes en libertad provisional a los últimos cinco detenidos por el caso Villarejo: Ángel y Álvaro Pérez-Maura, Adrián De la Joya, Francisco Javier Soucheiron y Enrique Maestre. Todos ellos fueron detenidos el miércoles por el pago de 10 millones de euros al comisario jubilado José Manuel Villarejo y por la supuesta entrega de 30 millones a las autoridades de Guatemala para conseguir una adjudicación en dicho país, pero tras más de catorce horas de interrogatorio quedaron en libertad bajo fianza: 750.000 euros para Ángel Pérez-Maura, 500.000 euros para Álvaro Pérez-Maura y De la Joya y 200.000 para Soucheiron y Maestre, explican fuentes jurídicas a El Confidencial. Las posibles medidas cautelares impuestas no han trascendido por el momento, ni tampoco el plazo que tienen para abonar estas cantidades.
El titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 descartó así las peticiones de la Fiscalía, que solicitó el ingreso en prisión incondicional para Ángel Pérez-Maura, prisión eludible con fianza de tres millones para Adrián De la Joya, libertad provisional pagando tres millones en cinco días para Álvaro Pérez-Maura y libertad provisional pagando un millón en una semana para Francisco Javier Soucheiron y Enrique Maestre. A los hermanos Pérez Maura se les investiga por los delitos de cohecho y cohecho internacional, mientras que a De la Joya, que la Fiscalía considera que hizo de intermediario con Villarejo, se le acusa del primero de ellos y también de pertenencia a organización criminal, explican las fuentes consultadas.
A cambio del pago de 10 millones a Villarejo, el naviero Ángel Pérez-Maura habría pedido al comisario que frenara en 2016 su extradición a Guatemala, donde hay un procedimiento por corrupción contra su compañía Grup Maritim. En la misma línea, el empresario esperaba que el expolicía consiguiera la libertad para el único empleado de la misma que permanece en prisión, Juan José Suárez Meseguer, detenido por las autoridades guatemaltecas ese mismo año. Fuentes jurídicas confirman a este diario que ambos hermanos sostuvieron en sus respectivas declaraciones que fueron engañados por Villarejo: nunca pensaron que el pago fuera ilegal y confiaban en que se trataba de un simple asesoramiento.
Al margen de los 10 millones a Villarejo, la Fiscalía Anticorrupción investiga también un pago de 30 millones de dólares entre 2012 y 2015 al presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, entre otros funcionarios. El objetivo pasaba por que Grup Maritim Terminal, a través de su filial en Guatemala Terminal de Contenedores Quetzal S.A, "obtuviera de forma ilícita del Gobierno guatemalteco la adjudicación para la construcción y explotación de una terminal privada de contenedores en Puerto Quetzal", explicó el Ministerio Público en un comunicado después de que El Confidencial adelantara la noticia de las detenciones. Fuentes jurídicas explican a este diario que De la Joya y Maestre no participaron en este cohecho internacional, mientras que con Soucheiron, consejero delegado de Grupo Maritim, se produce la situación contraria y solo se le investiga por lo ocurrido en España.
El primero en comparecer este viernes ante el juez fue Álvaro, cuya declaración comenzó a las 11:00, y después llegó el turno de su hermano Ángel y De la Joya. Los últimos fueron el consejero delegado de la empresa, Francisco Javier Soucheiron, y el abogado Enrique Maestre, para los que la Fiscalía solicitó una serie de medias cautelares: retirada de pasaporte, prohibición de salir de España y comparecencias periódicas. Los interrogatorios finalizaron así a las 23:00, tras lo que se celebró una vistilla en la que las defensas y las acusaciones tomaron la palabra para exponer sus posturas. La decisión final del juez se conoció pasadas las 3:00, momento en el que los detenidos abandonaron la Audiencia Nacional mientras sus abogados trataban de ocultar sus rostros.
El procedimiento en torno al naviero Ángel Pérez-Maura se remonta a 2016, cuando Guatemala reclamó su extradición por la comisión que habría entregado a los políticos de su país. La investigación, sin embargo, se archivó en dos ocasiones después de que las autoridades latinoamericanas no entregaran a España la documentación exigida. Ángel Pérez-Maura, descendiente del fundador del Banco Santander, compareció finalmente ante la Audiencia Nacional en febrero de 2018 y se opuso a ser entregado a Guatemala, tras lo que en mayo la Sala de lo Penal optó por denegarla al tratarse de un ciudadano español. Un año después, el naviero ha vuelto al juzgado para sentarse en el banquillo de los acusados.
- Partido/Org: Empresas
- Lugar: Nacional
- Coste aprox.: 10000000 €
- Total implicados: 0
- Año de los hechos:
- Estado judicial: Abierto
