Cinco ex altos cargos de la Comunidad Autónoma que intervinieron en la recalificación de los terrenos protegidos de la finca de Águilas La Zerrichera se sentarán en el banquillo a partir del viernes. El juicio por la operación urbanística aprobada en el año 2005 arranca pasado mañana en la Audiencia Provincial, doce años después de que la Administración Regional y el Ayuntamiento de Águilas autorizaran una urbanización con 4.000 viviendas, varios campos de golf y un hotel de lujo en unos terrenos de la Sierra de Almenara calificados como ZEPA (Zona de Especial Protección de Aves) y LIC (Lugar de Interés Comunitario)
La investigación por las irregularidades en la recalificación de la finca se inició tras la denuncia de los grupos ecologistas Anse y Ecologistas en Acción y del PSOE. El entonces fiscal superior, Manuel López Bernal, presentó en febrero de 2007 una querella en la que implicaba a ex altos cargos del Gobierno en la operación, que quedó truncada.
El Ministerio Público recordaba que la protección del suelo llevó al ex director general del Medio Natural Carlos Brumadoras a rechazar cualquier actuación urbanística en La Zerrichera, lo que dio pie a que el ayuntamiento de Águilas archivara en diciembre de 2005 el proyecto que había presentado el empresario Trinitario Casanova. Sin embargo, el fiscal sostiene que Antonio Alvarado y Encarna Muñoz consiguieron reactivar el proyecto, contando con la colaboración de Juan Ignacio Sánchez Gelabert para para sacar adelante la tramitación.